La descentralización constituye uno de los procesos políticos de mayor resonancia en Colombia en el último cuarto de siglo. Las reformas iniciadas en la década del 80 y refrendadas por la Constitución de 1991 transformaron de manera significativa la arquitectura del Estado colombiano, tanto en términos de las relaciones intergubernamentales como de las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades locales. La particularidad del caso colombiano consistió en que el proceso de descentralización estuvo acompañado desde un comienzo por la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, lo que significó una apertura del sistema político a la iniciativa social. Uno de los efectos más visibles de estas transformaciones fue una redefinición de la gestión pública en un doble sentido: de un lado, las administraciones municipales y departamentales se vieron obligadas a incorporar parámetros de eficiencia y eficacia, a fin de cumplir adecuadamente las nuevas responsabilidades. De otro, la institucionalización de canales de participación ciudadana implicó transformar las actitudes y las prácticas de los servidores públicos en la formulación de políticas públicas. Hoy día, la gestión pública moderna es entendida como eficiente, eficaz y participativa.